El plenario de comisiones del 3 de junio en la Cámara de Diputados debía ser la antesala del Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivos que el Gobierno de Javier Milei impulsa para atraer inversiones en industrias tecnológicas y de conocimiento. Pero el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, vuelve a quedar en el centro de la tormenta.
Su afirmación central fue contundente: el RIGI no tiene costo fiscal porque los proyectos que subsidia “no existían” antes del régimen. Según González, el régimen actual ayudó a destrabar proyectos ya existentes que no tomaban decisión de inversión. La oposición no lo dejó pasar. Cinco diputados nacionales —María Jimena López, Hilda Aguirre, Carlos Castagneto, Ana María Ianni, Adriana Sarquis y Hugo Yasky— comprobaron que González mintió.
El argumento de los legisladores es verificable con documentación pública: el Estado subsidia por 30 años con beneficios fiscales proyectos que ya estaban decididos. “Si los proyectos son preexistentes, el costo fiscal no es cero. Es enorme. Y González lo sabe”, explicaron los legisladores.
Cinco casos
Cinco ejemplos concretos, todos respaldados por fuentes primarias, desmienten al gobierno. No se trata de opiniones son presentaciones ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, memorias anuales, estudios de impacto ambiental y resoluciones del Boletín Oficial.
1. Parque Solar El Quemado (YPF Luz — Mendoza)
YPF Luz adquirió en junio de 2023 el proyecto. En septiembre de 2024, anunció el inicio de las obras. La construcción comenzó en octubre de 2024. Recién el 16 de diciembre de 2024, cuando las obras ya llevaban dos meses de ejecución, YPF Luz solicitó la adhesión al RIGI. La aprobación llegó en enero de 2025 por Resolución N° 1/2025 del ministerio de Economía. Para mayo de 2026, el parque ya había sido inaugurado.
2. Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS)
YPF anunció el proyecto en agosto de 2022. El 9 de septiembre, la Legislatura de Río Negro sancionó una ley que derogó la protección ambiental en el Golfo San Matías y habilitó el transporte de hidrocarburos. En diciembre se publicó el Estudio de Impacto Ambiental. Las audiencias públicas se realizaron en abril y agosto de 2023. Las obras iniciales comenzaron a fines de 2023. La adhesión al RIGI se aprobó recién el 20 de marzo de 2025, por Resolución N° 302/2025. El proyecto no solo existía antes del RIGI: YPF actuó activamente para modificar la ley provincial dos años antes de que el régimen fuera siquiera propuesto. Participan ocho empresas de primera línea además de YPF: Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Vista, Pampa Energía, Chevron, Shell Tecpetrol, GyP (Gas y Petróleo del Neuquén).
3. Planta de GNL “Southern”
El acuerdo definitivo entre PAE y Golar LNG fue firmado y anunciado públicamente el 5 de julio de 2024. Ese mismo día, Golar presentó un documento ante la SEC de Estados Unidos que informa los acuerdos firmados, la estructura del joint venture y el inicio de exportaciones previsto para 2027. La Ley de Bases y el RIGI se aprobaron tres días después, el 8 de julio de 2024. La adhesión al régimen llegó recién en abril de 2025, por Resolución N° 559/2025. Además de PAE y Golar, participan en el joint venture YPF, Pampa y Harbour Energy.
4. Expansión del proyecto de litio Rincón (Rio Tinto)
El secretario González citó el proyecto como prueba del poder de atracción del RIGI. Aunque la cronología documentada por los legisladores dice otra cosa. Rio Tinto adquirió el proyecto Rincón en diciembre de 2021 por USD 825 millones, comunicado formalmente ante la SEC. En marzo de 2022 se cerró la adquisición. En 2023, la empresa aprobó USD 194 millones para una planta piloto que produjo su primer lote de litio en 2024. En diciembre de 2024, Rio Tinto anunció la expansión industrial a 60 mil toneladas anuales —la inversión que hoy figura en el RIGI por USD 2.299 millones— sin mencionar al régimen en ningún pasaje del comunicado. La aprobación del RIGI llegó recién en mayo de 2025. Una empresa que compró el activo en 2021, financió la planta piloto en 2023 y anunció la expansión en diciembre de 2024 sin mencionar el RIGI no tomó su decisión de inversión en función del régimen.
5. Proyecto de litio Hombre Muerto Oeste (Galán Lithium)
La empresa australiana viene desarrollando el salar en Catamarca desde 2022. El 16 de noviembre de 2023 —antes del cambio de gobierno y más de ocho meses antes de la sanción del RIGI— Galán firmó un acuerdo vinculante de venta futura (offtake) con Glencore por el 100% de la producción de la Fase 1, asegurando simultáneamente un financiamiento de entre USD 70 y 100 millones. Ese financiamiento era superior a los USD 82,6 millones que la empresa comprometió como inversión en los primeros dos años del RIGI. La adhesión fue aprobada en agosto de 2025.
Tres alternativas de la oposición
Los legisladores sostienen que la documentación hallada deja al secretario González en un situación muy delicada. Analizan tres hipótesis y ninguna es favorable.
- Mintió deliberadamente, sabiendo que los proyectos que citó como prueba del poder transformador del RIGI existían con anterioridad al régimen.
- Desconoce los proyectos que administra, no habiendo consultado los propios comunicados regulatorios de las empresas beneficiarias antes de informar al Congreso.
- Asignó beneficios fiscales extraordinarios por 30 años sin verificar la adicionalidad de las inversiones que estaba subsidiando, lo que constituye una negligencia grave en el ejercicio de la función pública.
El Súper RIGI en el Congreso
La exposición de González se dio en el marco del debate por el Súper RIGI, el nuevo régimen que el Gobierno envió al Congreso para atraer inversiones en inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, baterías de litio e infraestructura tecnológica. El funcionario defendió la iniciativa afirmando que el nuevo régimen “apunta a proyectos que todavía no existen” y afirmo que el gobierno no está “buscando un impacto de corto plazo”.
Según González, el RIGI actual ha sido “sumamente exitoso”: hasta ahora se presentaron 39 proyectos, con inversiones por USD 138.000 millones y un potencial exportador de USD 41.000 millones anuales. Sin embargo, rechazó una extensión del esquema vigente argumentando que “fue concebido como una herramienta excepcional y con vencimiento”.
La oposición señala lo que el Gobierno no dice: los 13 proyectos ya aprobados totalizan USD 27.210 millones en inversiones. Y el gasto tributario anual de esos proyectos ya aprobados se estima en USD 1.837 millones, el equivalente a 0,27 puntos del PBI.
Lo que viene
La discusión de fondo no es política, sino técnica: si el Estado está otorgando 30 años de subsidio en beneficios fiscales a proyectos que ya iban a hacerse de todas formas, el costo no es cero. Es enorme. La documentación presentada por la oposición pone en duda el principal argumento oficial para justificar la renuncia fiscal que implica el RIGI. Y el secretario González, que ya venía siendo cuestionado por su conflicto de interés en la venta de Profertil, vuelve a estar en el centro de la tormenta.
