Mientras en Atlanta la selección de Lionel Scaloni arrasaba a Inglaterra 2 a 1 y se metía en la final del Mundial, en Buenos Aires el gobierno de Javier Milei llamaba a concurso público internacional para buscar petróleo en el Mar Argentino, cerca de la costa bonaerense.
La flamante área offshore CAN_200, de unos 5.000 kilómetros cuadrados, ubicada a unos ciento setenta kilómetros de la costa de Mar de Ajó surgió de una manifestación de interés presentada el 14 de febrero de 2025 por la empresa británica Challenger Energy Group PLC. La petrolera, que cotiza en la Bolsa de Londres, pidió permiso para explorar el bloque marítimo y el gobierno con el decreto 590/2026 lo sometió a concurso.
La cláusula que cambia el partido
El conflicto no está en la licitación en sí, sino en el artículo 4 del decreto. La norma autoriza que el permiso de exploración y la eventual concesión de explotación incluyan cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en el extranjero.
El abogado y especialista en energía Juan José Carbajales fue uno de los primeros en alertar sobre el alcance de la medida. “El Presidente resolvió, por un simple Decreto, incluir en el permiso de exploración que se otorgue una prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en el extranjero”, explicó en su cuenta de X. Su conclusión es directa: “Ante futuros inconvenientes, los ingleses tendrán la cancha inclinada”.
El decreto aclara que la prórroga de jurisdicción no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución sobre bienes soberanos críticos tales como las reservas del Banco Central, bienes de dominio público, servicios esenciales, patrimonio diplomático, entre otros. Pero el mensaje a los inversores es claro: si hay conflicto, el árbitro no será argentino.
La paradoja de Carbajales
El titular de la consultora Paspartú identifica una “extraña y saludable paradoja” en la medida: la iniciativa exploratoria proviene de una compañía inglesa que pidió permiso formal al Estado argentino, a diferencia de lo que ocurre en Malvinas, donde operan sin autorización la inglesa Rockhopper y la israelí Navitas en la denominada área “Sea Lion” ubicada en la Cuenca Norte de Malvinas, a aproximadamente 220 kilómetros de las islas.
Carbajales también advierte que el desarrollo del potencial hidrocarburífero en la plataforma continental argentina “es uno de los pocos activos ‘duros’ que tiene nuestro país para fortalecer su reclamo soberano” sobre las islas Malvinas. Y lanza una pregunta que quedará flotando: “¿Tendremos un proyecto RIGI para el off shore por parte de YPF? Sería óptimo para agregarle al fervor por el Upstream de Vaca Muerta una contribución al reclamo histórico de nuestro país”.
Lo que viene
El concurso público internacional recién comienza. Challenger Energy deberá competir con otras empresas interesadas, aunque tendrá prioridad ante una oferta de la misma magnitud. La primera etapa no prevé perforaciones inmediatas, sino estudios sísmicos y análisis geológicos que podrían extenderse hasta 13 años.
La pregunta que deja el decreto es si el decreto terminará siendo, como dice Carbajales, una herramienta para fortalecer la soberanía argentina o si, por el contrario, ante algún conflicto de antemano otorgará una ventaja.
