La crisis del gas en la región de La Plata no es un problema de escasez de gas, sino de prioridades. Esa es la tesis del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS), Ariel Arnau, quien en una entrevista con Sector Energético cuestionó los cortes de suministro que desde hace más de diez días afectan a estaciones de GNC, industrias y generadoras térmicas en la región.
La denuncia y sus razones
El principal foco de la controversia es Camuzzi Gas Pampeana, la distribuidora que opera en la región y que ha restringido el gas a los usuarios con contratos interrumpibles —la mayoría de las 46 estaciones de servicio de La Plata—, industrias y termoeléctricas para priorizar el consumo residencial.
Según Arnau, la decisión no se justifica técnicamente porque los gasoductos operan con una presión estable, entre 43 y 50 kilos, muy por encima del piso de 30–32 kilos, umbral que activa los protocolos de corte. En promedio los ductos están funcionando desde que comenzó la crisis la semana pasada entre un 30% y un 50% por encima del umbral de corte.
“Las empresas concesionarias tienen dos formatos de venta: contratos interrumpibles y no interrumpibles. El interrumpible, ante una baja de la presión que ponga en peligro a la red doméstica se puede cortar. El ininterrumpible, no”, explicó Arnau.
Arnau: “El problema no es de cantidad, es de precio”
“Lo que no entendemos es por qué se están aplicando los protocolos con la excusa de que peligra el suministro a los hogares, cuando estamos viendo que los valores en los gasoductos se mantienen operativos. Eso llama mucho la atención”, señaló el titular del SITGAS.
Los usuarios con contratos ininterrumpibles pagan el gas hasta seis veces más caro que el resto de los usuarios. Nadie lo quiere admitir pero tal vez esa sea la razón detrás de la crisis del gas: provocar que grandes usuarios como las estaciones de servicio, las industrias y las termoeléctricas paguen más por el gas.
Quienes pagan esa diferencia siempre son los consumidores: las industrias, los estacioneros, los taxistas y remiseros aumentan sus productos y tarifas con el gas más caro. La empresa embolsa en su balance ganancias extraordinarias: vende más caro algo que pagó al mismo precio de siempre.
La secretaria de Energía de la Nación, Maria Tettamanti, deberá investigar la denuncia de Arnau. Sin embargo, la CGT regional La Plata emitió un comunicado en el que señaló que la funcionaria nacional fue CEO de Camuzzi y referente de energía del PRO, partido político liderado por Mauricio Macri quien a su vez es amigo del actual CEO de la empresa, Alejandro Macfarlane. El cruce de intereses entre la reguladora y la regulada expone una anomalía que la denuncia gremial pone en primer plano.
La paradoja de la presión
“Desde que comenzó a descender la temperatura y comenzaron los fríos, durante la semana pasada, hasta hoy la presión en el ducto se mantuvo entre 43 y 50 kg. Plenamente operativo”, puntualizó Arnau. Y a continuación subrayó: “hay una incógnita respecto a qué es lo que hace que la empresa distribuidora active el protocolo de corte” para interrumpir el suministro a las estaciones de GNC, industrias y termoeléctricas.
Arnau planteó una contradicción que expone la verdadera naturaleza del conflicto. Si el protocolo de corte se activa por falta de gas, ¿cómo se explica que un usuario pueda conseguir suministro inmediato si acepta pagar cinco veces más que el precio de su contrato? Para el dirigente, la pregunta es clara: el problema no es técnico, es comercial.
Las inversiones que no llegaron
El dirigente sindical también apuntó contra el Estado y las empresas transportistas por la falta de inversiones en infraestructura. Argentina es el segundo país con mayores reservas de gas del mundo, pero el sistema de transporte no creció al ritmo de la demanda.
“En el momento de las privatizaciones, había un proyecto de inversiones obligatorias que no tuvieron el efecto que se pretendía. No se invirtió lo que estaba estipulado y eso produjo falta de mantenimiento, nos obligó a comprar gas a Bolivia y a traer GNL en barcos”, explicó Arnau.
Empresas como Transportadora de Gas del Sur (TGS) —del grupo Pampa Energía y la familia Sielecki— y Transportadora de Gas del Norte (TGN) —de Paolo Rocca y Eduardo Eurnekian— hayan obtenido ganancias récord sin invertir lo que les exigen los contratos. TGN declaró una utilidad de $219.200 millones en 2025 y distribuyó dividendos por más de $253.000 millones. TGS también registró márgenes elevados y balances consistentes.
Mientras el sistema de transporte no crece, la distribuidora Camuzzi acelera un megaproyecto de exportación de GNL con la holandesa Vitol, que demandaría una inversión de USD 3.900 millones.
Un reclamo histórico: la tarea de riesgo
Más allá de la crisis inmediata, Arnau planteó un reclamo gremial que el STIGAS impulsa: el reconocimiento de la tarea de riesgo para los trabajadores del gas.
“Hacemos trabajos de mantenimiento, reparación, soldadura, en contacto directo con el gas, en cámaras subterráneas o reparando escapes”, describió. “El gas es el segundo fluido más peligroso del país y no está cuantificada esa tarea. El reconocimiento no solo implica un plus salarial, sino la posibilidad de una jubilación diferencial a los 55 años con 30 de servicio”, explicó.
El dirigente destacó la brecha salarial con el sector en el resto del mundo: “El promedio mundial de un técnico en la industria del gas son USD 4.500–5.000. En Argentina estamos en el orden de los USD 1.200”. Algo que contrasta con las utilidades de las empresas del sector.
Lo que viene
El escenario invernal recién comienza y la demanda de gas seguirá creciendo. Si la presión en los gasoductos baja, los cortes podrían extenderse. Pero si la hipótesis de Arnau es correcta y el problema es comercial antes que técnico, la solución no depende del clima sino de las decisiones de una empresa que prioriza las ganancias extraordinarias por sobre el abastecimiento interno.
Arnau resumió el dilema: quien puede pagar más, consigue el gas; quien no, queda afuera. Para el dirigente, la verdadera cuestión no es si falta gas, sino a quién le conviene venderlo. “El problema no es de cantidad, es de precio”, sintetizó.
La denuncia del gremio ya está en la mesa. Falta saber si el gobierno, las empresas y los entes de control van a responder.
