El presidente Javier Milei prorrogó por tercera vez la emergencia del sistema eléctrico nacional. Lo hizo hoy mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026 que extiende la medida hasta el 31 de diciembre de 2027. La oposición denuncia que la medida es un un paraguas que el gobierno usa para avanzar con privatizaciones a dedo y tarifazos injustificados.
La medida alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. Con esta prórroga, el gobierno equipara el plazo de la emergencia eléctrica con el que ya regía para el transporte y distribución de gas natural, extendido mediante el Decreto 49/2026.
El argumento central del Ejecutivo es técnico: las causas que motivaron la emergencia persisten. La norma argumenta que el sistema opera con márgenes de reserva operativa reducidos —apenas un 4,4% frente al pico de demanda de 30.257 megavatios registrado en febrero de 2025—. Que el parque generador presenta “un alto grado de envejecimiento”. Y que más del 60% de las fallas en distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.
Herramienta de poder
El problema no es el diagnóstico. Es el instrumento. El gobierno eligió un DNU en lugar de enviar un proyecto al Congreso. La excusa: el vencimiento de la emergencia vigente hacía “imposible” esperar el trámite legislativo ordinario. Venció el 9 de julio.
El resultado es que el Poder Ejecutivo seguirá manejando el sector energético con herramientas excepcionales hasta el final del mandato de Milei. El secretario de Energía y Minería, Daniel González, podrá dictar normas que promuevan la “desconcentración” del mercado y la “libre contratación” de combustibles. Establecer mecanismos de transferencia de contratos, regular la remuneración de la generación térmica, y avanzar en la reducción de la brecha entre el Precio Estacional que pagan los usuarios subsidiados —que en mayo de 2026 representó apenas el 24% del precio de referencia— y el costo real de abastecimiento.
En otras palabras: el gobierno puede seguir ajustando tarifas, reduciendo subsidios y reestructurando el mercado sin pasar por el Congreso. La “emergencia” perpetua habilita una gestión discrecional del sector energético.
Bolsillos en emergencia
El bolsillo de los usuarios está en emergencia desde hace mucho antes del DNU. Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), la tarifa de gas en el conurbano se multiplicó por veinte desde que asumió Milei. El IPC en el mismo período, por poco más de tres. La diferencia falta en los bolsillos de los usuarios y aparece reflejada en las ganancias extraordinarias de las empresas distribuidoras, transportistas y extractoras.
Es un club muy selecto de empresas. Cinco de ellas acaparan el 92% de la participación en el mercado de extracción de gas: Total (23%), YPF (21%), Tecpetrol (15%), PAE (11%), Pampa (10%), Pluspetrol (9%) y CGC (3%). Han sido subsidiadas durante años. El Plan Gas, el desarrollo estatal de Vaca Muerta. La infraestructura de gasoductos. Hoy, ademas, controlan las políticas estatales.
“Desde diciembre de 2023 hasta el mes de junio de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 919% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 236%”, precisa el Observatorio de Tarifas y Subsidios.
La entidad académica señala que entre junio de 2026 y junio de 2025 en promedio las tarifas de los servicios tuvieron un incremento de veinte por ciento por encima del índice general de precios. La canasta de servicios aumentó un 54% mientras que el IPC que mide el Indec un 34%.
Emergencia sin control
El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, pero el trámite es posterior a la decisión. A pesar de las criticas de la oposición el gobierno cuenta con acuerdos parlamentario que le permitirían sortear sin problemas su aprobación.
Tras la consulta de Sector Energético desde la oposición denunciaron que el decreto prolonga “una fiesta para muy pocos”. Señalaron el esquema de privatizaciones de las Hidroeléctricas, Transener, la paralización del CAREM, la “entrega” de tecnología nuclear y las tarifas que en promedio se multiplicaron por diez desde 2023. Son “medidas que afectan a millones definidas por un puñado de funcionarios” sin control legislativo.
Lo que viene
La prórroga de la emergencia hasta 2027 asegura que el gobierno de Milei tendrá el control del sector eléctrico durante todo su mandato. El Congreso, desplazado, solo podrá reaccionar. La pregunta que queda es si la “normalización” del mercado eléctrico que promete el decreto será, efectivamente, una transición hacia un sistema más eficiente, o si la emergencia se convertirá en una coartada para seguir ajustando tarifas y transfiriendo activos estratégicos sin contraprestación al sector privado.
