Javier Milei prometió motosierra y ajuste, y lo está cumpliendo. No obstante, cuando el libertario solo era candidato, prometió, en lo que respecta al aumento en las tarifas, “implementar esquemas tarifarios realistas que no afecten directamente el bolsillo de los argentinos”.
Esa promesa se diluyó con el tiempo y, hoy por hoy, buena parte de la ciudadanía siente el impacto de los aumentos en sus bolsillos.
Durante el primer año de gestión del Presidente, las tarifas de servicios públicos esenciales como luz, gas y agua experimentaron aumentos significativos. Las tarifas de energía eléctrica aumentaron en promedio un 268% durante el primer año de gestión; el servicio de gas natural registró un incremento del 531%, mientras que las facturas de agua corriente aumentaron un 331% interanual.
En ese contexto, la oposición considera que el bolsillo de los argentinos “no aguanta más”, y presentó un proyecto en el Congreso Nacional que busca evitar que se concreten aumentos de tarifas considerados “irrazonables y perniciosos”, autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Las diputadas nacionales kirchneristas, Mónica Macha y Carolina Yutrovic, presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia tarifaria por un año en todo el territorio argentino. En otras palabras: quieren ponerle un freno a los tarifazos que —según ellas— están asfixiando a buena parte de la población.
El proyecto propone la realización de una audiencia pública obligatoria con representantes de las empresas prestadoras de servicios, entes reguladores y funcionarios del Ejecutivo, con el objetivo de establecer un límite razonable a los aumentos tarifarios y preservar los derechos de la población.
“La gente necesita saber qué pasa, quién toma las decisiones y por qué suben tanto las tarifas”, argumentaron las diputadas nacionales al presentar el proyecto.
Según las autoras, el propósito es proteger a la población frente a los incrementos que afectaron el poder adquisitivo de los hogares, sobre todo durante 2024, cuando las tarifas subieron hasta tres veces más que la inflación.
“El Estado tiene la responsabilidad indelegable de regular el acceso a servicios públicos esenciales para asegurar condiciones de vida dignas”, opinaron.
En esa misma línea, el proyecto establece que debe realizarse una audiencia pública especial, convocada por la Presidencia de la Cámara de Diputados, dentro de los 45 días posteriores a la sanción de la ley.
Esta audiencia tendrá como finalidad evaluar:
- El impacto social y económico de los aumentos.
- Las consecuencias para hogares, comercios, industrias, escuelas, hospitales, centros culturales, etc.
- Alternativas de financiamiento que no impliquen trasladar todo el costo a la población.
En dichas audiencias participarán: entes reguladores, funcionarios del Poder Ejecutivo vinculados al tema, organizaciones sociales, gremios, ONGs, académicos, representantes de usuarios y consumidores, entre otros actores.
“La situación amerita una intervención legislativa directa para frenar este esquema tarifario regresivo”, fundamentaron en su proyecto de ley.
Y agregaron: “Este Congreso no puede continuar actuando como espectador de un proceso de empobrecimiento generalizado de la población”.
