10 de julio de 2024
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La jueza Preska falló contra Argentina y el país ya puede sufrir embargos

La Justicia rechazó la solicitud del gobierno argentino en la causa por la privatización de la petrolera. Activos locales en el exterior podrían pasar a manos del querellante.

La jueza del tribunal del distrito sur de Manhattan Loretta Preska rechazó el pedido de prórroga del Gobierno argentino para presentar garantías por el juicio por YPF y determinó que desde hoy Argentina puede recibir pedidos de embargos por parte de los querellantes en la causa.

Preska no dio lugar a una nueva solicitud de extensión en los plazos, tal y como se había demandado este lunes, a través de una carta redactada por el estudio Sullivan & Cromwell LLP, firma que representa a la Argentina en el caso por la estatización del 51% de las acciones de la petrolera estatal durante el mandato de Cristina Kirchner, a la española Repsol.

El año pasado, la magistrada determinó que el Estado argentino era culpable de haber expropiado mal la petrolera de bandera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta, y lo condenó a pagar el resarcimiento máximo establecido: USD 16.000 millones.

El bufete inglés Burford Capital, que compró los derechos de litigio de dos ex accionistas minoritarios de YPF, es el ganador del juicio y es quien podría disparar los pedidos de embargos. La empresa quedó fuera de la causa y sólo fue condenado el estado argentino.

Preska le había dado tiempo al país para que presente avales que eviten los embargos. Argentina, que no presentó esos activos como garantía, había pedido una extensión de plazos que con esta medida quedó desestimada.

Ese fue el primer movimiento del nuevo gobierno en la causa. Argentina está representada en Estados Unidos por el estudio Sullivan & Cromwell y la estrategia la lleva adelante la Procuración del Tesoro, ahora encabezada por Rodolfo Barra.

¿Qué activos del Estado Nacional podrían ser embargados tras la decisión de Preska? Respecto a qué activos podrían entrar ‘dentro de la bolsa’ de los pedidos del fondo, cuyo CEO y fundador es el ex vicepresidente de Asuntos Legales de Time Warner, Christopher Bogart, líder de un ejército de 350 abogados y expertos en legales, Sebastián Maril aseguró que “todo lo que sea propiedad del Estado es embargable”.

“No descarto que cualquier acuerdo comercial, como puede ser de exportación de gas, que genera regalías en dólares, pueda ser embargado. Patentes, aviones de Aerolíneas Argentinas que son propiedad de la empresa, entre otras. Esta gente tiene equipos que llevan adelante trabajos de ‘Recovery’ expertos en encontrar activos”, dijo el CEO de Latam Advisor.

Sin embargo, aclaró que esto no necesariamente simboliza que este jueves, 11 de enero, comenzarán los embargos, sino que ya están en posibilidades de ejecutarse.

Esto explica el motivo por el cuál, en horas recientes, la propia petrolera estatal anunció la colocación de Obligaciones Negociables por USD 800 millones, en lo que simboliza su primera salida al mercado internacional en cuatro años y medio, respaldadas por exportaciones, ya que, aclaró Maril, “las regalías petroleras están a salvo de cualquier intento de embargo por los beneficiarios del fallo en el caso expropiación”.

En su fallo, Preska ejemplificó diciendo que los avales podría ser parte de las acciones que el Estado tiene en YPF (algo que tiene que autorizar el Congreso) y una vieja deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por USD 2.000 millones.

En su momento, un activo embargado a Argentina en 2012, en la causa por los holdouts, fue la Fragata Libertad, que estaba en un puerto de Ghana, en África.

“Nadie quiere embargar, no estamos frente a fondos buitres. Burford ya dijo varias veces que quiere ser parte de la solución, no parte del problema. Quieren dialogar y cobrar la sentencia que les corresponde”, dijo Maril en declaraciones que reproduce Infobae.

“Si Argentina quiere seguir pateando una pelota y apelar a ir a la Corte Suprema, los beneficiarios de fallo tienen todo el derecho de embargar porque la ley se los permite. Entiendo que no quieren hacerlo: es costoso y suelen ser trámites engorrosos y extensos”, detalló el experto.

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