En febrero de 2026, TotalEnergies produjo 33.944 Mm³ de gas por día en Argentina, según el reporte mensual de febrero del Instituto Argentino del Petróleo y Gas. El 24% de toda la producción nacional. Más que YPF, que aportó el 21%. La empresa francesa es, por lejos, el primer productor de gas del país.
La joya de ese dominio es el Proyecto Fénix, el yacimiento offshore en el Mar Austral de Tierra del Fuego. Un joint venture junto a Wintershall Dea (propiedad de Harbour Energy) y la local PAE. La inversión total fue de 700 millones de dólares. La capacidad de producción alcanza los 10 millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 8% de la demanda nacional de gas. En agosto de 2025, TotalEnergies vendió dos bloques en Vaca Muerta a YPF por 500 millones de dólares y mantuvo Fénix. Esa decisión dice más que cualquier balance: el yacimiento austral es uno de sus activos más rentables en el país. La proyección de la compañía que prevé recuperar la inversión en cuatro años es técnicamente consistente con los datos disponibles.
En su reporte anual de 2025, la empresa mencionó a Fénix entre los siete megaproyectos que impulsaron el crecimiento global de su producción. El negocio de Exploración y Producción del grupo generó una ganancia operativa neta ajustada de 8.400 millones de dólares ese año.
Los que pagan la factura
Mientras TotalEnergies consolida su posición, el gobierno de Javier Milei envió esta semana al Congreso un proyecto de ley para eliminar el subsidio al gas de 3,26 millones de usuarios. Son los que ingresaron al régimen de Zona Fría por la Ley 27.637, sancionada en 2021, que extendió el beneficio más allá de la Patagonia, Malargüe y la Puna.
El proyecto elimina la bonificación del 30% o 50% sobre el cuadro tarifario para los usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan y San Luis que no demuestren ingresos por debajo de tres canastas básicas totales. A valores de marzo de 2026, ese umbral supera los 4.300.000 pesos mensuales. En la práctica, quedan afuera los usuarios de clase media que no están en situación de pobreza pero tampoco acumulan holgura económica.
El impacto no es menor. Desde que Milei asumió, el gas acumuló una suba del 1.048%, contra una inflación general del 223% en el mismo período, según el IIEP UBA-CONICET. La canasta de servicios públicos ya representa el 12,2% del salario promedio registrado. Perder el subsidio en ese contexto no es un ajuste menor: es una boleta más cara en el rubro que más subió.
La paradoja del sistema
El gas que producen TotalEnergies, YPF y el resto de las operadoras tiene un costo de alrededor de USD 3,80 por millón de BTU (MMBTU) para el mercado regulado en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
El GNL que importa Argentina por barco para cubrir la demanda pico en invierno, sin embargo, cotiza entre USD 24 y 27 por MMBTU en el mercado internacional. Esa escalada, a la que se suman fletes y costos de regasificación, se disparó por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que llevó el precio del combustible de 12 dólares en 2025 a prácticamente el doble. Para que ese impacto no se traslade a la tarifa final de los usuarios residenciales, el Estado interviene a través de un mecanismo clave: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que se constituye con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el PIST, un cargo que pagan todos los usuarios. El Tesoro Nacional no financia ese subsidio: el dinero proviene íntegramente de este recargo sobre la boleta.
El gobierno argumenta que ese fondo ya no alcanza. Que la alícuota del 7,5% no cubre el subsidio extendido. Que en 2021, cuando las tarifas no reflejaban costos reales, bastaba el 5,3% para cubrirlo todo. Lo que no dice es que la producción creció más de un 33% en no convencional, que las exportaciones aumentaron, y que los márgenes de los grandes operadores son mucho más que sólidos.
Lo que viene
El proyecto ya fue rechazado dos veces: en la Ley de Bases de 2024 y en el capítulo 11 del Presupuesto en diciembre de 2025. Ahora regresa como iniciativa independiente, firmada por Milei, Caputo y Adorni, en un Congreso fragmentado y con elecciones de medio término en el horizonte. La UCR de Cornejo —cuya provincia perdería el beneficio para el 100% de sus usuarios de gas por redes— es el primer obstáculo.
La pregunta que el proyecto no responde: si la producción sube, si los dólares del gas fluyen al exterior, si Fénix paga su inversión en cuatro años, ¿por qué la boleta de los usuarios no baja?
