La magistrada a cargo del tribunal del distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, estableció que “la Argentina tiene hasta el 5 de diciembre para depositar un activo que sea del agrado de los demandantes”, el fondo buitre Burford Capital que litiga contra la argentina por la nacionalización de YPF.
La jueza a cargo del litigio del fondo buitre Burford Capital contra la argentina por la estatización de YPF, Loretta Preska, determinó ayer que el país deberá “depositar un activo que sea del agrado de los demandantes” antes de la asunción del presidente electo, Javier Milei.
La titular del tribunal inferior del sistema judicial estadounidense lleva la causa iniciada contra YPF por el fondo Burford, cuyo CEO es el ex vicepresidente de Asuntos Legales de Time Warner, Christopher Bogart.
La magistrada meses atrás rechazó todos los argumentos presentados por la Argentina y respaldó los argumentos de los demandantes, avalando el cobro de la máxima indemnización posible.
Tras ello, Argentina apeló su decisión a través del equipo que coordina el procurador del Tesoro, Carlos Zanini. La defensa entonces consideró que el desembolso USD16.000 millones que implicaba el fallo de Preska generaría “daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes”. Y además añadió que “el país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía”.
Burford litiga en reclamo por daños supuestos que el pago a Repsol le habría provocado al 49% restante de los accionistas de la petrolera, tras su nacionalización de 2012.
El juicio que lleva adelante Bogart en nombre del fondo buitre de capitales ingleses en el tribunal de Preska tiene como supuestas damnificadas a dos compañías españolas quebradas: Petersen Energía y Petersen Inversora, ambas del Grupo Petersen, quienes eran propietarios del 25% de YPF luego de que acordaran su entrada a la compañía con el entonces presidente Néstor Kirchner.
La demanda del fondo Buitre reclama porque el Estado argentino no hizo una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Algo que debería haber hecho según el estatuto de YPF definido en 1993 cuando la empresa se privatizó durante el menemismo. Según el estatuto de la compañía el país debía efectuar una oferta por el total de las acciones del mercado en la Bolsa de Comercio de Nueva York, para adquirir una porción mayor de la propiedad de YPF, luego de que fuera privatizada.
