La titular del FMI, Kristalina Georgieva, detalló las medidas comprometidas con el gobierno argentino: un nuevo aumento de tarifas, el congelamiento de salarios estatales y pensiones, y aumentos temporales de impuestos sobre bienes y servicios importados.
La autoridad monetaria señaló en un comunicado difundido anoche que las autoridades argentinas “están poniendo en marcha un nuevo conjunto de medidas para garantizar la estabilidad y apuntalar la viabilidad externa a mediano plazo, y centradas en reponer las reservas y mejorar el orden fiscal”.
Un día después de aprobar el desembolso de U$S 7.500 millones el FMI explicó que los principales objetivos del programa que había acordado con el Gobierno argentino “no se alcanzaron, como consecuencia de la sequía sin precedentes y desviaciones de las políticas“.
Tras ello la directora del FMI confirmó que “en un contexto de elevada inflación y crecientes presiones sobre la balanza de pago, se acordó un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal”.
“Los esfuerzos se centran en reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura. Estas medidas están complementándose con aumentos temporales de los impuestos sobre la compra de ciertos bienes y servicios en moneda extranjera con el fin de ayudar a compensar la pérdida de ingresos de exportación a causa de la sequía”, detalló Georgieva.
El ministro de Economía, Sergio Massa, en contraste celebró que “el FMI dejó de ser el prestamista de última instancia” del país y que en el mes de julio “Argentina tuvo que resolver los vencimientos frente al Fondo recurriendo a operaciones bilaterales con China en la apertura del segundo swap; con Catar, que es la primera operación de crédito bilateral que realiza el país; y con el BID, en una operación que también demostró cuál es la diferencia entre los organismos multilaterales con capacidad de resolución y cuáles se transformaron simplemente en marcas con un enorme peso burocrático sin posibilidades de resolución de las necesidades de los países en vías de desarrollo”.
