Luis Caputo llevó la negociación con las compañías del sector energético a un punto de no retorno. El jueves vence el plazo extendido de la oferta del gobierno nacional para cancelar la deuda entre la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) las generadoras de energía eléctrica y las productoras de Gas Natural.
Luego de dos semanas idas y vueltas y de la férrea resistencia empresaria el ministerio de Economía pospuso hasta el jueves 23 el plazo de la oferta. A pesar de lo cual el optimismo no es el principal denominador común entre la línea dirigencia de las compañías. Piensan que si aflojan el gobierno les pagará de acá en más con papel pintado y sus negocios quedarán expuestos a inversores internacionales agresivos que podrían hacerse con ganancias rápidas.
Los principales referentes de la industria eléctrica y petrolera calificaron a la iniciativa oficial del ministro Caputo como un “pésimo antecedente”. Incluso, el director de la generadora de capitales estadounidenses AES, Martín Genesio, advirtió que el gobierno “decidió no respetar contratos”. Y avisó en declaraciones a Infobae que desde el FMI y la Casa Blanca le enviaron saludos especiales para el ministro Caputo.
Blindaje jurídico
El blindaje jurídico que planean las empresas para acolchonar un escenario de compras hostiles por parte de actores internacionales incluye reclamos jurídicos por la “ruptura de los contratos” derivados de la “oferta” del gobierno nacional.
En la industria señalan que existen algunas empresas cuyas finanzas quedarán pulverizadas si el gobierno continúa postergando los pagos. Aunque de aceptar la oferta materializada por el secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, quedaría un precedente que habilitaría al oficialismo a recurrir al mismo método para pagar las facturas del futuro inmediato.
De ese modo, la única salida que ven es recurrir a una serie de reclamos judiciales para evitar que el gobierno eche mano de una nueva forma de pago que las dejaría a “tiro de los inversores hostiles”.
Varios actores financieros y de la industria petrolera global tienen la mirada puesta en el fructífero negocio hidrocarburífero criollo. Lo que adquiere mayor atractivo cuando ello ocurre consolidando empresas de modo horizontal y vertical. Y con una posible ley con “incentivos” como el denominado “RIGI” contenido en la Ley Bases.
En ese escenario las empresas que explican el complejo del sector energético en Argentina adquieren un un valor y un atractivo estratégico en un mundo en el que pocos países cuentan con recursos monetizables en el mediano plazo y necesarios al mismo tiempo.
A pesar de ello, no es la primera vez que las empresas recurren a la Justicia cuando el Estado incumple sus responsabilidades. Algunas de ellas ya manifestaron que de no mejorar lo oferta tomaran ese camino.
La precisión jurídica del rechazo expresado tanto por la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) como por Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) en las cartas enviadas a Caputo confirmaron lo que venían diciendo en off los directivos y operadores de las principales empresas.
Recurrir a la Justicia en Argentina o cualquier país nunca es una verdadera solución; aunque sí evitaría para algunos perder parte de sus activos y dejar el precedente de un gobierno “débil” que rompe contratos y efectúa una quita del 50% con una simple resolución.
