El secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, hoy prorrogó por sesenta días las concesiones de cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en las provincias de Río Negro y Neuquén.
El gobierno nacional dispuso que cinco concesiones hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, cuyos contratos vencieron el año pasado sigan a cargo de las empresas por otros sesenta días más. Provén 4224 megavatios al sistema eléctrico, cerca de un diez por ciento de la demanda total del país.
Las empresas concesionarias recurrieron tiempo atrás al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con un reclamo por USD 1300 millones debido a que el Estado pesificó las tarifas de la energía eléctrica. Esa demanda se resolvería promediando agosto de 2024, mes hasta el que están obligadas a operar por contrato.
Las provincias de Rio Negro y Neuquén intimaron hace menos de dos meses al gobierno nacional para que no prorrogue las concesiones. Sus argumentos fueron sólidos y tal vez representen un problema donde deba intervenir la Corte Suprema cuando el gobierno defina si dará en concesión recursos que las provincias esgrimen como propios.
A partir de la reforma constitucional de 1994 ello quedó establecido en la Carta Magna y los contratos que acaban de vencer se establecieron previamente. El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, logró que la legislatura apruebe por unanimidad avanzó la creación de un canon al uso de las aguas para generación hidroeléctrica.
Las concesiones
Las centrales hidroeléctricas se dieron en concesión por treinta años a empresas privadas cuyas controlantes hoy son una compañía de orígen italiano, otra norteamericana y dos grupos locales que también tienen diversas áreas de negocios en el sector energético.
Alicurá a cargo de la norteamericana AES, con una potencia instalada 1054 megavatios, ubicada en la límite de las provincias de Neuquén y Rio Negro sobre el rio Limay. Privatizada en 1994 por treinta años y puesta en operación 1982.
El Chocón opera a cargo de la italiana Enel y además principal accionista de Edesur, con una potencia instalada 1200 megavatios. También ubicada en la límite de las provincias de Neuquén y Rio Negro sobre el rio Limay. Privatizada en 1993 por treinta años y puesta en operación 1972.
Arroyito que también opera la italiana Enel y está ubicada en la límite de las provincias de Neuquén y Rio Negro sobre el rio Limay. Tiene una potencia instalada de 120 megavatios y fue puesta operación en 1983. La privatizaron en 1993 por treinta años.
Planicie Banderita del complejo Cerros Colorados fue operada por Orazul Energy quien a la local Aconcagua Energía. Los empresarios Diego Trabucco y Javier Basso operan la represa desde diciembre de 2023. Está ubicada sobre el rio Limay en Neuquén. y tiene una potencia instalada 450 megavatios. Opera desde 1977 y fue privatizada también 1993 por treinta años.
Y Piedra del Águila que opera Central Puerto del grupo financiero integrado por Carlos Miguens Bemberg (ex Quilmes); la familia Escasany (banco de Galicia); Guillermo Reca (ex Merrill Lynch) y los hermanos Ruete Aguirre (ex banco Roberts). Está emplazada en el rio Limay en las provincias de Neuquén y Rio Negro. Y tiene una potencia instalada de 1400 megavatios. La pusieron en marcha en 1993 y la concesionaron de forma inmediata por treinta años.
Reclamos y deudas
El ex ministro de Economía Sergio Massa prorrogó también las concesiones de las hidroeléctricas El Chocón, Alicurá y Planicie Banderida del complejo Cerros Colorados. Lo hizo para suturar la ficha que las concesionarias habían movido yendo al CIADI con un reclamo de cerca de USD 1300 millones.
El reclamo es sencillo, las empresas aducen que tenían por contrato tarifas aseguradas en dólares y el Estado las pesificó. Una larga historia que va de la década del 90 hasta Néstor Kirchner tras el desastre del 19 y 20 de 2001.
Son USD 500 millones, en el caso de la concesión que desde diciembre controla Aconcagua Energía. Y unos USD 800 millones que pide AES.
La estrategia de Enel en cambio es lograr una prórroga de unos diez años y si no lo logra plantear un reclamo al CIADI. Algo que parece verosímil teniendo en cuenta que congeló la venta de Edesur hasta que el panorama sea más claro con el cambio de gestión.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; mantuvieron un encuentro con el CEO global de Enel, Flavio Cattaneo; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco; el gerente de Enel Argentina, Claudio Weyne Cunha y la directora de Relaciones Externas, Alejandra Martínez.
La empresa que regula el mercado eléctrico nacional Cammesa adeuda a las generadoras los vencimientos de enero y la totalidad de febrero y marzo. Ello es un factor de estrés financiero para las compañías que si se prolonga en el tiempo podría ponerlas en riesgo.
Y un dato clave: el gobierno aún no especificó cómo efecturá las nuevas licitaciones pero prácticamente está descartado que vaya a hacerse cargo de su operación a través de Energía Argentina (ex Enarsa).
Propiedad
Los gobernadores de las provincias de Río Negro (Alberto Weretilneck) y Neuquén (Rolando Figueroa) enviaron al Gobierno nacional cartas documento en defensa de los recursos que les brindan los rios Limay y Neuquén. Según argumentan en esas misivas los gobiernos provinciales la Constitución en sus artículos 1°, 5°, 121 y 124 establece “el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales”. Por ello, los mandatarios sostienen que los recursos naturales “son potestad de las provincias”. De mínima pretenden discutir cómo será el futuro de esas concesiones. Algo razonable a la luz del desarrollo de los últimos disensos entre el gobierno nacional y los gobernadores patagónicos.
Cánon unánime
La legislatura rionegrina aprobó el jueves 14 de marzo una ley impulsada por el gobernador para regular las concesiones de uso de agua pública con destino a la generación de energía hidroeléctrica. Afecta a todas las concesiones que utilizan aguas públicas de dominio público provincial, con destino a la generación de energía hidroeléctrica sujeta a la administración del Estado Nacional, en las condiciones previstas por la Constitución provincial. Los legisladores la votaron por unanimidad. La provincia comenzará a percibir un cinco por ciento en concepto de canon por el uso del recurso.
