El gobierno de Javier Milei tiene una bomba de tiempo en la margen del río Limay. No es metáfora. Es una planta industrial valuada por el propio Estado en más de diez mil millones de dólares. Contiene fluidos altamente peligrosos y, según una denuncia penal presentada ayer, lleva siete meses sin contrato de mantenimiento vigente.
La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, en Neuquén, es la más grande del mundo. Se construyó para abastecer a las centrales nucleares del país. Hoy está parada. Pero no vacía. Sus unidades de proceso siguen cargadas con sustancias que, si se deterioran, pueden filtrarse al río o explotar.
La planta contiene tanques con amoníaco líquido, amiduro de potasio, hidrógeno con deuterio y nitrógeno presurizado.
En agosto de 2025, el gobierno nacional anunció un acuerdo con la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) para reactivar la planta. El entonces presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, aseguró que “la voluntad de todos es poner en marcha la planta” y que “la CNEA cubre la totalidad de las necesidades operativas, incluyendo salarios, insumos, energía eléctrica, gas natural, mantenimiento, laboratorios y cargas impositivas”.
Ocho meses después, la realidad es otra.
La denuncia que contradice el relato oficial
Aldo Villavicencio, ex técnico bioquímico que trabajó 24 años en la planta, presentó una denuncia penal en la justicia de Neuquén contra los actuales funcionarios de la CNEA (Martín Porro), del gobierno nacional (Federico Ramos Nápoli), el presidente de la ENSI (Felipe Randle) y sus directores.
Su declaración es lapidaria: la CNEA rescindió el contrato marco con ENSI en abril de 2025 y no renovó el acuerdo específico de mantenimiento que expiró el 31 de octubre de 2025. Desde entonces, la empresa neuquina sigue operando por su cuenta, con su personal y sus recursos, para evitar un desastre ambiental.
El gobierno, por su parte, sostiene que está realizando “estudios preliminares” para concesionar la planta a un privado. En su informe de gestión del 29 de abril de 2026, el jefe de gabinete Manuel Adorni afirmó que “la CNEA realiza las tareas necesarias para garantizar el correcto mantenimiento”. La denuncia califica esa afirmación como una mentira.
Los fluidos que no esperan
El riesgo no es teórico. El acuerdo específico que caducó describía en detalle las sustancias peligrosas almacenadas y las tareas imprescindibles para contenerlas. Sin mantenimiento, las válvulas fallan, las presiones se descontrolan, los catalizadores se deterioran.
Una fuga de amoníaco al río Limay afectaría a toda la cadena de agua de la región. El río Negro recibe todo el caudal que proviene del Limay. Una explosión de hidrógeno con deuterio sería catastrófica. El denunciante es claro: los funcionarios “condenaron a la PIAP a un proceso de deterioro progresivo que inexorablemente derivará en fugas, derrames o accidentes de magnitud imprecisa”.
La empresa que perdió la voz
ENSI es una sociedad de economía mixta: 51% de la provincia de Neuquén, 49% de la CNEA. Sus directores —designados por el gobernador Rolando Figueroa y por el gobierno nacional— no han iniciado ningún reclamo formal contra la CNEA por la deuda acumulada. Tampoco han intimado a que se hagan cargo de los salarios del personal afectado a las tareas de conservación.
El denunciante los acusa de “administración fraudulenta” (artículo 173, inciso 7 del Código Penal). Señala que los directores “tenían el inexcusable deber legal de proteger el patrimonio de la sociedad que administraban”. En lugar de eso, permitieron que ENSI prestara servicios ad honorem mientras su pasivo se incrementaba y sus propias obligaciones con proveedores se atrasaban.
Lo que viene
La fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales de Neuquén, a cargo de Maximiliano Breide Obeid, deberá decidir si acepta la denuncia y luego un juez dispone una medida cautelar urgente que obligue a la CNEA a pagar los costos de conservación. El gobierno nacional, mientras tanto, sigue diciendo que la planta se va a reactivar.
Los trabajadores de ENSI siguen yendo a la planta. Saben que si ellos no van, los ríos Limay y el Negro se pueden convertir en noticia internacional. El gobierno de Milei prometió orden pero trajo un desorden atómico a las orillas del Limay.
