El proceso de privatización de Transener suma un nuevo capítulo de tensiones y reacomodamientos. El Ministerio de Economía firmó la resolución 364/2026, publicada el viernes en el Boletín Oficial, que introduce modificaciones en el pliego licitatorio y corre la fecha de apertura de sobres al 14 de abril. Es la segunda postergación en menos de un mes.
La medida expone, detrás de los pliegos, una pulseada de poder que define quién se quedará con el 50% de Citelec, la sociedad que controla Transener y que hoy está en manos de la estatal Enarsa. Del otro lado, una constelación de jugadores de primera línea: el grupo Edison (los hermanos Neuss, dueños de Havanna y Newsan, cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo), la familia Sielecki (socios de Pampa Energía en TGS), Genneia (la principal generadora renovable del país propiedad de Jorge Brito), Central Puerto (el mayor generador eléctrico argentino de las familias Miguens Bemberg, Reca, Escasany y Ruete Aguirre) y los accionistas de Edenor (José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti).
La interna por las reglas del juego
La modificación de los pliegos no respondió a una consulta del mercado, sino a una decisión interna del Gobierno. Según reveló EconoJournal, el impulso inicial surgió del área de Legales de Presidencia, que interpretó que el proceso debía mantener el espíritu de la normativa original de privatizaciones del sector eléctrico de fines de los ’80, en el marco de la Ley de Reforma del Estado (23.696) y su decreto reglamentario 11.051/05 del ’89, que contemplaba exigencias técnicas para los operadores.
Esa postura generó intercambios con otras áreas del Gobierno, en particular con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que encabeza Diego Chaher, un funcionario que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, y con la Secretaría de Energía, que buscaron evitar que esas condiciones funcionaran como una barrera de entrada que limitara la competencia. La versión final, publicada el viernes, no generó estridencias dentro del sector privado.
Lo que los pliegos no dicen es que detrás de esa discusión técnica se juega una pulseada política. El grupo Edison, liderado por los hermanos Neuss, viene de ganar las represas de Alicurá y Cerros Colorados por USD 226 millones y tiene el respaldo explícito de Santiago Caputo. Los Sielecki, en cambio, llegan con el aval de su sociedad con Pampa Energía en TGS y con un fondo estadounidense especializado en transmisión. Genneia, Central Puerto y los accionistas de Edenor completan un menú de oferentes que ningún gobierno había logrado reunir en una misma licitación.
El precio que no cierra
La urgencia fiscal es el telón de fondo de todo el proceso. En junio vencen pagos por USD 4.200 millones y las reservas del Banco Central no sobran. La venta de las represas del Comahue dejó USD 704 millones que ya se usaron para cancelar vencimientos. Con Transener, la historia se repite: los dólares de la privatización tienen destino asegurado en la caja del Tesoro.
Pero el precio base fijado en los pliegos originales —USD 206,2 millones por la participación estatal— sigue siendo un punto de controversia. Al momento del anuncio de la privatización, la capitalización bursátil de Transener rondaba los USD 1.230 millones, lo que ubicaba el 26 por ciento en manos del Estado en torno a los USD 321 millones. La diferencia es de 115 millones de dólares, un 36 por ciento por encima del piso que puso el gobierno.
El mercado ya había castigado la operación. Cuando se conocieron los pliegos originales, las acciones de Transener cayeron casi un 25 por ciento en menos de un mes. La señal fue clara: los inversores consideraron que el gobierno estaba dispuesto a vender barato. La nueva fecha de abril no revertió esa percepción.
El activo que todos quieren
Transener no es una empresa más. Opera más de 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión y transporta el 85 por ciento de la energía eléctrica del país. Su subsidiaria Transba gestiona otros 6.228 kilómetros en la provincia de Buenos Aires. Es, lisa y llanamente, la columna vertebral del sistema.
La compañía terminó 2025 con ventas por $573.145 millones, un 28 por ciento más que el año anterior, y una ganancia neta de $194.431 millones, un 110 por ciento superior a la de 2024. No tiene deuda financiera y su patrimonio neto supera los $864.000 millones.
El salto se explica casi en su totalidad por la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) que el gobierno aprobó el año pasado. A cambio de millonarias inversiones hasta 2030, la empresa obtuvo un horizonte de previsibilidad regulatoria que incluye ajustes mensuales de tarifas. Eso saneó las cuentas y volvió el activo irresistible.
Dentro del portafolio de activos que controla Enarsa —que incluye desde centrales térmicas hasta la importación de GNL y la construcción de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, altamente demoradas—, la participación en Transener aparece hoy como el negocio más rentable de la compañía estatal.
Lo que viene
La nueva fecha de apertura de sobres es el 14 de abril. El gobierno necesita dólares antes de junio, pero también necesita un precio que no sea un escándalo. La pulseada política detrás de los pliegos no se resuelve con una resolución administrativa. La multiplicación de oferentes —Edison, Sielecki, Genneia, Central Puerto, Edenor— es una buena noticia para la competitividad del proceso, pero también una fuente de tensión adicional. Cada uno de ellos tiene su propia relación con el poder.
