La primera central nuclear de América Latina, Atucha I, debería haber vuelto a operar en marzo de 2027. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, anunció en el IEFA Latam Forum, un retraso para su fecha estimada de regreso: la corrió para septiembre de ese año. Tras ello la propia Nucleoeléctrica Argentina ratificó el anuncio.
El proyecto, que demandará una inversión de USD 670 millones, lleva un avance físico del 52% . Según la versión oficial, las tareas principales finalizarán el 31 de diciembre de 2026, tras lo cual comenzará la carga de combustible y la puesta en marcha . Pero detrás del corrimiento de fechas hay una historia de internas políticas, denuncias cruzadas y sobreprecios que el gobierno de Javier Milei no logró contener.
La interna que detonó el retraso
En enero de este año, EconoJournal reveló la existencia de una nota interna de la gerencia del proyecto de extensión de vida de Atucha I en la que se advertía que los cambios en la política de compras estaban retrasando la ejecución de la obra. Las modificaciones habían sido impulsadas por dos gerentes que respondían al entonces presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel: Hernán Pantuso (gerente de Coordinación Administrativa) y Marcelo Famá (gerente general) .
Pantuso y Famá buscaron centralizar las compras de las tres centrales nucleares a través de una única gerencia de Abastecimiento y Contrataciones, con el objetivo de lograr mayor eficiencia y mejores precios. Pero los resultados inmediatos no fueron los esperados. Según datos publicados, la cantidad de comprobantes sin pagar a proveedores nacionales se disparó de 0 en octubre de 2024 a 205 en octubre de 2025, con un pico de 420 en julio de ese año.
La nota de la gerencia del proyecto era clara: los cambios en los procesos de compra “incidieron en los plazos, la coordinación y comunicación inter-áreas y la eficiencia general de la gestión, recargando a los equipos técnicos, limitados en recursos de personal, quienes deben dedicar más tiempo en estas gestiones”.
La denuncia por sobreprecios que hizo estallar todo
El conflicto de fondo no era solo administrativo. En diciembre, una denuncia interna ante el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica puso en la mira a Famá y Pantuso. La acusación: haber direccionado la licitación del servicio de limpieza de las tres centrales a favor de la empresa LX Argentina, con un sobreprecio del 140% respecto de lo que se venía pagando por ese servicio.
El caso fue revelado por Perfíl y luego ampliado por EconoJournal. El gerente de la Planta Central Nuclear Atucha I‑II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, fue quien presentó la denuncia ante el Comité de Integridad . Según los números que circularon en la empresa, LX Argentina había presupuestado un 140% más que el costo histórico del servicio.
El Comité de Integridad avanzó en la investigación. En enero, el directorio de Nucleoeléctrica resolvió por tres votos contra dos desplazar a Famá y Pantuso de sus cargos . El presidente de la empresa, Demian Reidel, votó en contra de la remoción. Diego Chaher, integrante del directorio, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, votó a favor . La propuesta fue realizada por el vicepresidente de la empresa, Germán Guido Lavalle, en representación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
La revisión corporativa que encendió la mecha
La tensión entre la línea política (conducida por Reidel) y la línea profesional de la empresa había estallado antes, durante la revisión corporativa anual de diciembre. El subgerente de producción en Atucha I y II, Martín Reina, y el jefe del Departamento de Asistencia de Producción, Gabriel Blejer, colaboraron con el Área de Supervisión Independiente en las entrevistas que relevaban la política de compras. Un reporte preliminar con respuestas de empleados habría molestado a Pantuso, quien ordenó los despidos de Reina y Blejer y la apertura de un sumario contra ambos.
La reacción dentro de la compañía fue inmediata. El gerente de Sitio de Atucha I y II, Diego Garde, puso su renuncia a disposición en rechazo a la decisión . El sumario contra Blejer y Reina siguió abierto hasta que Reidel, bajo presión, firmó en enero la Resolución 2/2026 que lo levantó, reconociendo que no se había verificado ninguna falta . Pero el daño ya estaba hecho. “Nunca pasó algo así. Esto quiebra la cultura organizacional de la empresa, que se funda en la transparencia y confianza”, explicó una fuente a EconoJournal.
La caída de Reidel
El 9 de febrero, el gobierno decidió desplazar a Demian Reidel de la conducción de Nucleoeléctrica . En su lugar asumió Juan Martín Campos, hasta entonces presidente de Dioxitek, la empresa estatal productora de dióxido de uranio . Campos es bioquímico egresado de la UBA, se desempeñó como analista de seguridad nuclear en la Autoridad Regulatoria Nuclear entre 2017 y 2024, y en Dioxitek alcanzó un récord de producción de 190 toneladas de dióxido de uranio en 2025.
Como vicepresidente quedó Martín Porro, titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Diego Chaher continuó en el directorio . El resto del directorio se completó con Diego Garde (el gerente que había puesto su renuncia a disposición) y Javier Grinspun (gerente de Jurídicos de la CNEA).
La salida de Reidel, sin embargo, no estuvo exenta de polémica adicional. Días antes, había trascendido que el ahora exfuncionario logró saldar deudas personales por $825 millones, una cifra equivalente a más de 80 sueldos netos de su cargo . Reidel salió a responder en X: “No suelo responder operaciones, pero se acabó. Acá están los papeles”, y adjuntó documentación de una venta inmobiliaria por USD 770.000 que le permitió cancelar la deuda . Pero el daño reputacional ya estaba instalado. El portal El Disenso había revelado que Reidel era calificado, hasta mediados de enero, como una persona en situación de “alto riesgo de insolvencia” ante el sistema financiero.
El costo del retraso y lo que viene
Atucha I salió de servicio en septiembre de 2024, tras 50 años de operación ininterrumpida. Su extensión de vida es estratégica para el sistema eléctrico nacional: la central aporta 362 MW de potencia, y junto a Atucha II (745 MW) y Embalse (656 MW) generan alrededor del 10% de la electricidad del país.
El proyecto incluye no solo la extensión de vida del reactor, sino también la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II), una obra necesaria para que Atucha II pueda seguir operando después de 2027.
El presupuesto, según garantizó Ramos Napoli, está asegurado: combina emisiones de bonos con aportes del Tesoro . Pero el costo del retraso no es solo financiero. Cada mes sin la central implica mayor demanda de energía térmica (gas) en un contexto de precios internacionales volátiles y de un conflicto bélico en Medio Oriente que ya empujó el crudo por encima de los 100 dólares.
En paralelo al avance de las obras, el gobierno impulsa una reconfiguración más amplia del sector nuclear. Ramos Napoli adelantó que para el último trimestre de 2026 se lanzará la licitación para la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica . La iniciativa busca atraer inversión privada y mejorar la eficiencia operativa, en línea con otras reformas energéticas.
El nuevo presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos, asumió con un doble mandato: terminar la extensión de vida de Atucha I en los plazos revisados y conducir el proceso de privatización parcial de la empresa en un contexto de alta sensibilidad. Su primera declaración pública fue institucional: destacó la “trayectoria del sector nuclear argentino” y su capacidad para “operar con los más altos estándares de seguridad” . Pero el desafío que tiene por delante es mayúsculo.
La empresa deberá cumplir con el Documento Marco de Licenciamiento (DML) aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que involucra 41 subproyectos fundamentales para obtener la nueva licencia de operación. Además, la empresa aspira a ejecutar 251 subproyectos adicionales que permitirían alcanzar un factor de carga del 88%.
La pregunta que flota en el sector nuclear es la misma desde que estalló la interna: ¿cuánto más puede estirarse el plazo antes de que el proyecto se convierta en una nueva obra inconclusa del Estado argentino? Por ahora, la respuesta está en manos de los técnicos que fueron marginados y que hoy intentan recomponer el camino. El nuevo directorio, que incluye a Garde y a Grinspun, es una señal de que la línea profesional recuperó terreno. El tiempo, como el uranio, no espera.
