El Senado aprobó este jueves por 40 votos contra 31 la reforma de la Ley de Glaciares, una modificación que ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados. Detrás de la pulseada legislativa no hay solo una disputa ideológica: hay inversiones por más de USD 30 mil millones que esperan definiciones para pasar del papel a la construcción .
La norma vigente desde 2010 protege tanto los glaciares descubiertos como el “ambiente periglacial”, una categoría que incluye los llamados glaciares de escombro: formaciones rocosas de altura que pueden contener agua en porcentajes variables. El problema, para la minería, es que el inventario nacional realizado por el Ianigla con imágenes satelitales no distingue si esas estructuras cumplen o no una función hídrica estratégica. Y eso, en la práctica, congeló durante más de una década cualquier proyecto que se superpusiera con esas áreas .
San Juan, la provincia donde se juega el futuro del cobre
El corazón de la disputa está en San Juan. Allí, al menos cuatro megaproyectos de cobre –el mineral que el mundo necesita para la transición energética– están condicionados a que la ley se aclare .
El caso más emblemático es El Pachón, de la suiza Glencore. El proyecto, que prevé una inversión de USD 9.500 millones, tiene un glaciar de escombro dentro de su área. La empresa encargó estudios a la Universidad Nacional de San Juan que concluyeron que esa formación “no tiene funciones hídricas por su composición”. Pero mientras la ley actual no distinga, ni siquiera puede presentar el Informe de Impacto Ambiental. El CEO de Glencore, Martín Pérez de Solay, lo resumió en noviembre: “La forma en que la ley está escrita hoy genera incertidumbre y suspicacias. En un país donde el reclamo judicial suele frenar cosas de la noche a la mañana, eso es letal” .
Algo similar ocurre con Vicuña, el joint venture entre BHP y Lundin Mining que promete una inversión total de USD 18 mil millones y aspira a ser una de las diez minas de cobre más grandes del mundo. El proyecto ya obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental para su primera fase, pero en la etapa de expansión de Josemaría aparece una discrepancia: hay un glaciar de escombro (identificado como GE 110) que figura en el inventario nacional del Ianigla, pero no en el inventario provincial. Mientras esa diferencia no se resuelva, la expansión no podrá avanzar .
La empresa aclara que el glaciar está “inactivo” y que no será tocado. Pero para los científicos del Conicet, su protección es obligatoria por el solo hecho de estar inventariado. La bióloga Yanina Ripoll, gerenta de Ambiente de Vicuña, explicó a elDiarioAR que ese glaciar “está inactivo y no tiene aporte hídrico a la cuenca”. Y que los estudios que realizan son justamente para “evitar cualquier eventual reclamo futuro sobre el respeto del área protegida” .
Los otros dos proyectos sanjuaninos en la misma situación son Altar de Aldebarán Resources que prevé una inversión estimada en USD 1.590 millones. Y, Los Azules de McEwen Copper, con USD 3.170 millones. Ambos tienen previstas expansiones futuras que se superponen con glaciares de escombro. Para avanzar, señalan que necesitan una ley nacional que establezca definiciones precisas.
Lo que cambia con la reforma
El proyecto que aprobó el Senado introduce dos modificaciones centrales. Por un lado, establece que las provincias serán la autoridad de aplicación para determinar qué áreas deben protegerse como “reservas estratégicas de recursos hídricos”. Por otro, incorpora un criterio de “funcionalidad hídrica”: solo se protegerán aquellas formaciones que demuestren, mediante estudios científicos, que cumplen una función relevante como proveedoras de agua.
Para Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la reforma es indispensable: “El 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva”. La Cámara de Comercio de EE.UU. (AmCham) también incluyó esa modificación en su hoja de ruta para mejorar el clima de negocios.
La advertencia de los académicos y ambientalistas
En la vereda opuesta, más de 85 constitucionalistas advirtieron que el proyecto es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad ambiental, al reducir niveles de protección ya adquiridos. También cuestionan que vulnera el sistema de Presupuestos Mínimos garantizado por la Constitución .
El glaciólogo Lucas Ruiz del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales dependiente del Conicet, en declaraciones periodísticas al diario La Nación precisó el aporte de agua de los glaciares varía según el año: en períodos de lluvias pueden representar apenas el 10% del caudal de un río, pero en contextos de sequía ese porcentaje puede alcanzar el 60% .
El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, fue más tajante: “Es una derogación tácita. Los glaciares, al ser agua en estado sólido con potencial de volverse líquida, trascienden jurisdicciones”.
Lo que viene
El proyecto tiene media sanción y ahora volverá a Diputados, donde el oficialismo deberá recomponer los votos para su aprobación final. Las provincias mineras –con San Juan a la cabeza– presionan para que la ley se sancione antes de que termine el período de sesiones ordinarias.
En juego hay una discusión sobre federalismo y ambiente. Y siete proyectos mineros que –plantean– necesitan definiciones para destrabar inversiones, generar empleo y aportar divisas.
