El Gobierno de Javier Milei publicó los pliegos para privatizar las represas hidroeléctricas del Comahue, un proceso que remite inevitablemente a los años ‘90. Al igual que en 1992, la concesión será por 30 años y la competencia tendrá dos etapas bien diferenciadas: primero, la evaluación de antecedentes técnicos y financieros de los postulantes, y luego la apertura de las ofertas económicas.
Según destaca La Política Online, el esquema dolariza no solo el ingreso inicial, sino también la remuneración que percibirá el concesionario a lo largo de las tres décadas, con una indexación particular: se ajustará por la inflación de Estados Unidos. Un mecanismo pensado para blindar al inversor frente a la imprevisibilidad local, aunque introduce una paradoja: la energía se produce con recursos hídricos argentinos, pero se cobrará como si saliera de una represa en Colorado.
La privatización revive también viejas historias. AES, la eléctrica estadounidense que administra hoy la represa de Alicurá, ya manifestó interés en seguir operando. Su nombre no es casualidad: en 2002, tras la debacle económica argentina, la compañía demandó al país ante el CIADI (el tribunal arbitral del Banco Mundial).
En mayo de este año obtuvo un fallo unánime: Argentina incumplió contratos y deberá pagarle 732 millones de dólares. El problema es que la deuda sigue impaga y AES ya inició gestiones en tribunales de Washington para embargar activos argentinos.
La pregunta que sobrevuela en la Casa Rosada es evidente: ¿se le renovará la concesión de Alicurá a AES a cambio de un desembolso en dólares o se buscará compensar la deuda con el nuevo contrato?
Sebastián Maril, especialista en litigios contra el país en el exterior, lo resume sin vueltas: “Que AES sea empresa norteamericana no es tema menor. La Casa Blanca podría involucrarse como lo hizo en 2013 con otros fallos del CIADI. Argentina terminó pagando”.
