La Asociación de generadores de energía eléctrica de la república Argentina (Ageera) rechazó la oferta oficializada esta mañana por el gobierno nacional para cancelar más de USD 1200 millones de deuda acumulados entre diciembre y febrero, con una quita del 50%.
“Le informamos que nuestros asociados nos han manifestado su rechazo a la modalidad de pago dispuesta”, expresa la nota presentada esta mañana al ministro de Economía, Luis Caputo, por el conjunto de las compañías nucleadas en Ageera.
Tal como Sector Energético había anticipado desde las compañías señalaron que era una pésima señal incumplir los contratos con una reestructuración compulsiva del 50% de la deuda que Cammesa mantenía con ellas.
La secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo hoy oficializó la oferta que hace más de una semana el ministro Caputo compartió con las empresas durante una reunión en el Palacio de Hacienda. La resolución 58/2024 establece que la deuda del Estado se cancelará mediante el bono en dólares AE38.
Propuesta
La resolución establece que las deudas serán canceladas en parte con un bono en dólares, el AE38, que cotiza un 50% debajo de la par. Lo que en los hechos significa para las empresas generadoras una quita que implica un recorte de más de la mitad del capital que se les adeuda.
Las principales compañías que están apalancadas en acreencias con Cammesa son: Central Puerto, AES, Pampa, Albanesi y MSU, por el lado de la generación. Y las gasíferas Wintershall Dea, CGC, Tecpetrol, YPF, TotalEnergies, Pampa y PAE.
La normativa establece “un régimen de pagos excepcional, transitorio y único para el saldo de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero 2024 correspondiente a los Acreedores del MEM con el objeto de restablecer la cadena de pago de las transacciones económicas corrientes y con ello preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad, ante el déficit de los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la emergencia declarada por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023 y el Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023″.
Argumentos del rechazo
“Un problema financiero del mercado energético se convertiría en un incumplimiento del Estado Nacional, fuerte signo de falta de seguridad jurídica”, advierte la nota firmada por el presidente de Ageera, Gabriel Baldassarre.
Entre las principales preocupaciones de las generadoras está la deuda que tienen comprometida con inversores tanto locales como externos. Por lo tanto, lo que en las compañías interpretan como una modificación unilateral de los contratos “repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país”, considera Ageera.
Según Adeera la oferta del gobierno que encabeza Javier Milei viola “los derechos contractuales de los Agentes Generadores y una violación a su derecho de propiedad privada”.
También señala que “impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores”, en referencia al apalancamiento en dólares comprometido por muchos de ellos. Y a causa de lo que algunos debieron informar a sus inversores del estado o compromiso que significa la acreencia con Cammesa.
Además de la alta inflación que impacta en los valores adeudados la oferta implica una quita adicional en la remuneración, vía el valor de mercado de los bonos ofrecidos, entre otros factores de cálculo que desde el sector explicaron a Sector Energético.
La entidad señala que es de “suma gravedad” que Cammesa “contando con fondos disponibles provenientes de cobranzas de la demanda y de aporte del Tesoro Nacional no efectuó los pagos correspondientes”.
Y, por último, subordina las paritarias sindicales, mantenimientos y cancelación de costos operativos debido que las compañías en muchos casos están “al límite de sus capacidades financieras” y la situación de no pago afecta “el desarrollo normal de nuestra actividad y compromete críticamente la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
