El Presidente Javier Milei junto al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein; formalizó el anuncio de una inversión de USD 7 mil millones en un megaproyecto minero en San Juan que involucrará un total de USD 18 mil millones en el transcurso de diez años.
El joint venture de la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining espera la aprobación del RIGI. De fondo una serie de tensiones y polémicas rodean la megainversión que podría ubicar a la Argentina en el podio de los productores mineros globales. Regalías, el compre y empleo local y la contaminación de las aguas.
El canciller argentino, Pablo Quirno, celebró tras el anuncio desde su cuenta en la red X: “otra gran noticia para la Argentina”. Y añadió que “gracias a las reformas estructurales impulsadas por el Presidente” avanzan “inversiones extranjeras directas sin precedentes” y que por ello “Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo”.
Ron Hochstein, CEO de Vicuña, consideró que “el Proyecto Vicuña es una oportunidad transformacional para la Argentina. Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones».
«Estamos comprometidos a avanzar Vicuña de manera responsable y en colaboración con los gobiernos y las comunidades para generar valor sostenible para el país”, enfatizó Hochstein.
La empresa y el proyecto
Vicuña Corp consiste es un joint venture entre la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP conformado en julio de 2024. Durante 2026, la compañía prevé apuntalar su plan de ingeniería y diseño, adquisición de equipos y movimientos de tierra. Además de mejoras en el camino de acceso, la construcción de líneas eléctricas de media y alta tensión y la ampliación del campamento, que superará las 550 habitaciones.
El desembolso inicial de USD 7 mil millones está previsto que ocurra entre 2027 y 2030, cuando inicie la producción. Ello fue revelado durante el encuentro entre el CEO de la empresa, Ron Hochstein, y el presidente Milei el martes en la Casa Rosada. Y el resto de la inversión en el transcurso de los próximos diez años hasta completar los USD 18 mil millones, según el anuncio.
En diciembre de 2025, la compañía solicitó su adhesión al RIGI bajo la categoría Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (Peelp), que exige una inversión mínima de USD 2 mil millones. Unas diez veces por encima del piso que exige el régimen.
El plan de trabajo inicial prevé una vida útil de 25 años; sin embargo los geólogos aseveran que el contenido de minerales permitiría extender la explotación de recursos por al menos 70 años.
Tres etapas
La primera: centrada en el proyecto Josemaría. Consiste en la puesta en marcha de una mina a cielo abierto y una planta concentradora, cuyo objetivo es apuntalar la producción inicial y generar flujo de caja operativo inicial.
La segunda, involucra los recursos de óxidos de Filo del Sol y la construcción de una planta de recuperación de cobre, oro y plata para ampliar la capacidad productiva y remover la capa de óxidos sobre los sulfuros.
La tercera, centrada en la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para elevar su capacidad. Una planta desalinizadora, un sistema de transporte de concentrado y una planta de tratamiento adicional.
Proyecciones
Se espera que el proyecto Vicuña se ubique entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo. Durante los primeros 25 años se prevé que entregue 395 mil toneladas de cobre, 711 mil onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.
En los primeros diez años producirá un volumen de 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata.
Una inversión de esa envergadura produce beneficios económicos de largo plazo. Hoy más de mil personas trabajan en condiciones extremas en yacimientos ubicados a más de cinco mil metros de altura.
De resolverse adecuadamente el conflicto y las tensiones en torno a las “regalías, el compre y empleo local” es posible que el proyecto pueda ser vehículo de un crecimiento sostenible para San Juan, Chile y el resto de la Argentina.
Elite del cobre
En enero durante un informe ante sus inversores mundiales Lundin confirmó a Vicuña como su proyecto estrella.
Durante su reporte anual de producción y proyecciones a tres años, la canadiense ubicó a Vicuña como eje de su estrategia de expansión global, su “proyecto estrella” para los próximos años.
El presidente y CEO de la empresa, Jack Lundin, ante inversores en las bolsas de Toronto y Estocolmo destacó que la firma cumplió sus metas operativas por tercer año consecutivo, un desempeño que —según explicó— le permite encarar proyectos de gran escala con respaldo financiero y disciplina de planificación.
Así el distrito minero ubicado en la frontera con Chile fue designado como uno de los complejos de cobre, oro y plata más grandes del planeta y la puerta de entrada de Lundin a la elite de los diez mayores productores de cobre del mundo.
Debate glaciar
El oficialismo junto a gobernadores y actores de provincias mineras plantean modificar la ley de Glaciares para que sea posible emplazar proyectos en zonas donde hoy la norma lo prohibe debido a que ponen en riesgo reservas estratégicas de agua.
El oficialismo mediante el Decreto 24/2026, incluyó la reforma de la Ley de Glaciares en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso. En la cámara Alta lograron un dictamen favorable que delega en las provincias la facultad de autorizar los proyectos. Aunque no pudo aún ser tratado en el pleno.
Especialistas, entidades ambientales y académicas señalan que la reforma es inconstitucional debido a que viola el principio de “no regresión” ambiental. También expresaron que los glaciares cumplen una función vital en el ciclo del agua por lo que no pueden estar sujetos a “relevancia hídrica”, un concepto que denuncian es discrecional. Ya que con la reforma propuesta las provincias podrían recalificar las zonas y permitir actividades mineras donde hoy está prohibido por la norma.
Matías Asun, desde Greenpeace Argentina considero que la propuesta de los gobernadores de provincias mineras y el gobierno nacional transforma la ley de protección de glaciares en una “ley de fomento minero”.
