La petrolera con mayoría estatal es una de las 41 empresas que se incluyen en el proyecto de ley con fines de privatización.
La Ley Ómnibus enviada al Congreso por el gobierno de Javier Milei incluye un capítulo específico para las privatizaciones de empresas estatales, incluida la petrolera con mayoría estatal YPF.
El Presidente había prometido que antes de privatizar el 51% del paquete accionario en manos del Estado Nacional y las provincias productoras, revalorizaría el valor de la compañía para que “se puedan vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.
Sin embargo, los especialistas recalcan que en principio se necesita derogar la ley de expropiación de 2012, cuando la petrolera era controlada por la española Repsol.
En el artículo 9 la Ley Ómnibus dice lo siguiente: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades”.
Luego, más adelante, el artículo 37 señala que “a los fines de las privatizaciones (señaladas en el artículo 36), se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”. En conjunto emplean a más de 100.000 personas. Casi todas son deficitarias y reciben miles de millones de dólares todos los años para cerrar los balances en equilibrio.
Son un total de 41 empresas y organismos, entre las que destacan YPF, Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación (y varias unidades dependientes de la entidad), Correo Argentino, Enarsa, y varios medios de comunicación públicos, entre ellos la agencia Télam.
La petrolera tiene un valor bursátil que ronda los USD 5.780 millones. La expropiación de 2012, comandada por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, salió cara.
En 2014 Repsol fue indemnizada por US$ 5.000 millones para evitar un juicio. Pero en setiembre pasado, la jueza de Nueva York Loretta Preska sentenció a la Argentina a pagar otros US$ 16.100 millones, porque consideró que cuando el Estado argentino pasó a controlar YPF en 2012 estaba obligado a lanzar una oferta pública a los tenedores de acciones minoristas. El fallo fue apelado y la causa continúa abierta.
Milei tiene unos cuantos obstáculos para avanzar en el proceso de privatización. Primero tiene que reunir mayorías en ambas cámaras para aprobar la derogación de la ley de expropiación, cuando todavía se desconoce la cantidad de bancas propias que contará a partir de diciembre, más allá de los apoyos explícitos que logró de cara al balotaje por parte de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el ala dura del PRO.
