La jueza de Nueva York, Loretta Preska, dispuso que no le concederá a la Argentina una prórroga de 30 días solicitada para presentar garantías en el juicio por la estatización de YPF, por el cual el Estado debe pagar una casi USD 16.100 millones.
Por tanto, si para el 10 de enero no se presentan los avales correspondientes, el fondo Burford Capital ‑demandante de la causa- podrá empezar a pedir embargos.
“Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, señala el fallo de la magistrada según publicó el director regional de Latam Advisors y especialista en el tema, Sebastián Maril.
A principios de septiembre, Preska había definido en una sentencia los parámetros a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino debería pagarle a Burford Capital, que presentó una demanda en Nueva York exigiendo un resarcimiento por la estatización de la petrolera.
La decisión de la jueza colocó a la Argentina en el peor escenario posible toda vez que rechazó todos los argumentos presentados por los abogados del país, respaldó los argumentos de quienes iniciaron la demanda y avaló así el cobro de “la máxima indemnización posible”.
El 22 de noviembre, tres días después del triunfo de Javier Milei en el balotaje, Preska dispuso que las autoridades argentinas tenían hasta el 5 de diciembre para depositar un activo que fuera “del agrado de los demandantes” y evitar así tener que saldar el monto total.
El juicio por la estatización de la petrolera inició en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano del ex presidente Néstor Kirchner.
Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.
El juicio por la adquisición estatal de la empresa quedó en manos de Preska, heredera del tribunal que encabezada el fallecido juez Thomas Griesa, quien llevó la causa de los llamados “fondos buitre”.
Luego de años de presentaciones y mociones judiciales, el juicio se realizó finalmente en julio de este año. YPF logró salir ilesa de la causa, sin tener que afrontar costos para la compañía, pero la jueza falló en contra de la República Argentina.
Alegó que la manera en la que el gobierno de Cristina Kirchner llevó adelante la estatización violó los estatutos de la compañía, y Burford, dueña de los activos del Grupo Petersen, tenía derecho a una indemnización.
