El programa de estímulo a la producción de gas entró en zona de turbulencia judicial. Tecpetrol y Pampa Energía, dos de las principales productoras del país, iniciaron demandas contra el Estado por incumplimientos en los pagos del Plan Gas.Ar. Los reclamos, que ya suman $187.000 millones (más de USD 130 millones), exponen una grieta que el gobierno decidió no resolver para no comprometer el superávit fiscal .
Los números del conflicto
La subsidiaria del Grupo Techint reclamó $134.200 millones por facturas impagas y cláusulas take-or-pay no cumplidas. Pampa Energía presentó dos demandas desde fines de 2025 por un total de $53.000 millones .
El mecanismo es el mismo en ambos casos. El Plan Gas establece que el Estado, a través de Enarsa, compra el gas a las productoras para abastecer la “demanda prioritaria” (hogares y centrales térmicas). El precio ronda los USD 3,79 por millón de BTU, muy por debajo del costo de importación. Pero para sostener el superávit fiscal —pilar de la baja de la inflación— el gobierno comenzó a atrasar los pagos .
Las empresas reclaman además intereses punitorios del 150 por ciento anual, según lo pactado en los contratos. Tecpetrol calcula que el Estado dejó de abonar el equivalente a 313 millones de metros cúbicos de gas comprometidos .
Un problema que no distingue amigos de enemigos
El dato revelador es que el reclamo no diferencia entre empresarios alineados y opositores. Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, es uno de los hombres más cercanos al gobierno. La semana pasada, desde el Argentina Week en Nueva York, anunció inversiones por USD 7.500 millones en Vaca Muerta. Sin embargo, su empresa también recurrió a la justicia para cobrar lo que el Estado le debe .
“La industria petrolera en su conjunto —excepto YPF, cuyo accionista principal es el Estado— viene reclamando sostenidamente desde el año pasado por los incumplimientos del Plan Gas”, consignaron fuentes del sector al matutino Clarín. Las demoras afectan la liquidez de las empresas y comprometen su capacidad para financiar inversiones en la formación no convencional .
El contexto: una reforma en marcha y pagos que no llegan
Mientras los juicios avanzan, el gobierno reconfigura el mercado de gas. A través de la resolución 66/2026, la Secretaría de Energía estableció un nuevo esquema de transporte que busca reflejar los costos reales del sistema y dar más peso al gas de Vaca Muerta .
Paralelamente, se inició una reestructuración para ceder voluntariamente los contratos del Plan Gas, de modo que la gestión pase a manos privadas. Pero mientras ese proceso se concreta, las deudas se acumulan. Las petroleras advierten que el gobierno usa los fondos que no paga para maquillar el superávit fiscal .
Lo que viene
El titular de la secretaría de Energía, Daniel González, anticipó que el gobierno no responderá “operaciones”. La frase dejó un mensaje implícito: si las empresas quieren cobrar, que vayan a la justicia.
Fueron. Y ahora los tribunales deberán definir si el Estado puede sostener su equilibrio fiscal a costa de incumplir contratos firmados. Con intereses del 150 por ciento anual, la demora tiene un costo que el fisco también terminará pagando. Aunque ello recién impactará con toda probabilidad durante la próxima presidencia: la cronoterapia judicial favorece al gobierno.
