El gobierno nacional descongeló los impuestos a los combustibles tras más de dos años sin modificaciones. Ese tributo incide directamente en el valor de la nafta y el gasoil, pero comenzará a regir, de manera paulatina, a partir de marzo.
Mediante el decreto 107/24, el gobierno estableció que el aumento del primer y segundo trimestre de 2023 tenga efecto para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del primer día de marzo. Mientras tanto, los demás incrementos están previstos para el 1° de abril y el 1° de mayo.
El impuesto debe actualizarse cada tres meses, tomando como cálculo la variación de la inflación acumulada en ese período.
Se esperaba que la suba del impuesto empiece a regir desde hoy, por eso varias refinerías retocaron los precios en las últimas horas.
YPF es una de las petroleras que subió los precios: la nafta súper pasó de costar $699 a $744; la nafta premium, de $862 a $918; el gasoil súper, de $736 a $784; y el gasoil premium aumentó de $938 a $998.
En el texto del decreto, el Ejecutivo plantea que la decisión de aumentar el impuesto tiene como objetivo “iniciar un proceso de regularización de los referidos incrementos remanentes, resulta razonable diferir parcialmente sus efectos, así como los de la actualización correspondiente al cuarto trimestre calendario del año 2023″.
De igual forma, la secretaría de Energía, que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo, ya había adelantado que espera que el sendero de “sinceramiento” en el precio de los combustibles se dé gradualmente tras los fuertes incrementos acumulados en los últimos meses.
Los precios de los combustibles aumentaron 86% desde que asumió Javier Milei, repartido en dos incrementos de 38% y 27%. La suba tan pronunciada en poco tiempo se explica por el incremento de las dos principales variables que inciden en los costos de las empresas refinadoras: el tipo de cambio (porque los contratos están dolarizados) y el valor del barril de petróleo.
Qué son los impuestos a los combustibles
En detalle, los impuestos al combustible tienen un mecanismo de actualización basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC del trimestre previo, en línea con lo que prevé la normativa vigente desde 2018.
Si bien la premisa oficial es la liberalización de los precios, corregir todo el retraso implicaba un efecto directo en la inflación en medio de los aumentos de otros servicios regulados y, en consecuencia, sobre los bolsillos de los consumidores.
