Tras los 96 retiros voluntarios (de los cuales más de 70 son en Salta) en las provincias de Tucumán, Córdoba, Salta y Jujuy en marzo, ayer resurgió la preocupación por posibles nuevas desvinculaciones tras el cierre de las unidades de Topping y Reforming en la refinería de Campo Durán, en el norteño departamento San Martín.
El secretario general del Sindicato del Gas y el Petróleo de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, confirmó a Salta/12 esta situación. Precisamente, anoche exponía la problemática ante la Federación que nuclea al Sindicato.
Ningún vocero del gobierno provincial respondió ayer a la consulta sobre la refinería. En la última ocasión, cuando se produjeron los más de 70 retiros voluntarios, el ministro de la Producción, Martín de los Ríos, había deslizado que la provincia no podía hacer nada al respecto.
Según la información brindada por el periodista Raúl Costes, el cierre de las unidades y la posibilidad de más desvinculaciones laborales había sido confirmado extraoficialmente por ejecutivos de la empresa.
Ya en marzo, el Sindicato sostuvo que la situación en la refinería del norte es “insostenible”, ante la pérdida de sus niveles de producción.
En aquel momento, Barrios explicó que se habían perdido “cerca de un millón de metros cúbicos de gas y 250 mil metros cúbicos de crudo”.
Esto provocaba que la empresa solo pudiera procesar durante 6 días y tuviera 35 días para hacer el stock del producto, lo que el gremialista había definido como inviable. La dotación de personal estaba preparada para operar seis plantas en simultáneo todo el día, todos los días.
Ante ese panorama la empresa puso a disposición un “plan de retiros” voluntarios, que llegaron a ser 96 en todo el país hasta el 31 de marzo. De los más de 70 de Salta, 34 de los que adhirieron al retiro eran representados por el Sindicato. Actualmente en la empresa se desempeñan unos 300 trabajadores.
En marzo, la empresa ya había amenazado con abrir “un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), y un plan de suspensiones de personal por 90 días”. Una vez pasados los 3 meses y con el PPC en curso o resuelto, indicaba que iba a despedir al personal con “el 50 por ciento de la indemnización”.
