La marcha del mayor joint venture minero criollo ubicado en San Juan no tiene respiro; aunque su éxito está atado a la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), mientras se mantienen las tensiones por las regalías, el impacto ambiental y las condiciones de compra y trabajo locales.
El proyecto minero Vicuña está ubicado en la alta cordillera de San Juan, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es una empresa conjunta de la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining. Y prevé una inversión de USD 790 millones para 2026, el emprendimiento busca consolidarse como la mayor inversión privada en la historia de Argentina.
La iniciativa, que integra los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ya emplea a más de mil trabajadores y trescientos proveedores. Según trascendió hoy en varios medios nacionales antes de abril la empresa presentará un Informe Técnico Integrado que unificará el desarrollo de ambos depósitos en un solo plan. Ese documento contiene una proyección de muy extenso plazo para el proyecto: hasta 70 años de vida útil. Y prevé en ese lapso una inversión total superior a los USD 15 mil millones.
Desafíos: el tiempo y la normativa
El proyecto se postuló al RIGI bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), lo que le otorgaría estabilidad fiscal por 30 años. Ese marco es considerado esencial por los inversores para dar luz verde a la fase de construcción masiva. Sin embargo, la aprobación definitiva del régimen se encuentra en un limbo legislativo. Lo que para los inversores provoca incertidumbre.
Josemaría, el activo más avanzado, tiene su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada y se encuentra en fase de preconstrucción. Filo del Sol, considerado el descubrimiento de cobre más importante de los últimos 30 años, aún está en exploración activa, con perforaciones que no han encontrado el límite del depósito, lo que promete ampliar aún más la escala del proyecto.
Nudos críticos: regalías, proveedores y medio ambiente
El avance del proyecto no está exento de controversias que reflejan el tradicional debate en torno a la megaminería en Argentina.
Existe un choque latente entre la estabilidad fiscal que promete el RIGI a nivel nacional y la potestad de las provincias, dueñas del recurso minero, para fijar y modificar las regalías. San Juan teme que el régimen nacional limite su capacidad de obtener una renta justa y creciente por la explotación de sus recursos no renovables.
La polémica por las regalías enfrentó a dos ex gobernadores peronistas de San Juan de excelente sintonía con el sector minero. El actual senador Sergio Uñac promovió la construcción de una línea de Extra Alta Tensión de unos 250 kilómetros que Josemaría necesita para extraer los minerales. A cambio la empresa descontará esa inversión de las regalías. “Esto es una transferencia: se saca de un lado, del sector público, al sector privado”, cuestionó en su momento el ahora ex diputado nacional José Luis Gioja tras lo que preciso: “lo que estamos haciendo es ceder el derecho adquirido por el Estado a favor de dos proyectos: el de Josemaría y el de Pachón”.
La normativa del RIGI flexibiliza los requisitos de contratación de bienes y servicios locales. Lo genera rechazo de las ¿ cámaras industriales y sindicatos provinciales, quienes advierten sobre una pérdida de oportunidades para la cadena de proveedores argentinos y una menor generación de empleo calificado local.
El proyecto se desarrolla en una zona de alta montaña con ecosistemas sensibles. Aunque la empresa asegura operar bajo los altos estándares ambientales de BHP y Lundin, y planea implementar procesos de alta eficiencia hídrica e incluso evaluar el uso de agua desalinizada, organizaciones socioambientales mantienen una vigilancia crítica sobre el consumo de agua y el manejo de residuos.
La apuesta: ser un actor global minero
Más allá de las tensiones, para algunos actores el impacto económico en la provincia es tangible. Destacan que Vicuña ya ejecuta programas de capacitación en comunidades como Iglesia y Jáchal. Apuntalan mano de obra para la futura fase de construcción del proyecto. En paralelo, se construye la línea de alta tensión y se evalúa la posibilidad de usar infraestructura portuaria en Chile para la exportación.
Aseveran que Vicuña podría transformar a San Juan en un actor global del mercado de metales. Previsión que dependerá de cómo se gestionen las tensiones entre los incentivos para los capitales internacionales y los derechos, demandas socioeconómicas y protecciones ambientales locales y nacionales.
