El gobierno de Javier Milei sufrió una derrota en la Cámara de Diputados. Los legisladores rechazaron anoche un paquete de artículos clave del Presupuesto 2026 con los que el oficialismo buscaba, sin consenso previo, cambiar la política tarifaria y alterar regímenes sectoriales. La iniciativa, que funcionaba como un artículo ómnibus, incluía un millonario perdón de deudas cruzadas a favor de Edenor y Edesur, un intento de focalizar los subsidios al gas en zonas muy frías, la extensión de la estabilidad fiscal para renovables y una modificación en el destino de los fondos de importación minera.
Conflicto eléctrico: la millonaria deuda que no se condonó
El punto más conflictivo fue el que pretendía autorizar al Poder Ejecutivo a determinar y compensar “las diferencias de ingresos no percibidos” por Edenor y Edesur desde el congelamiento tarifario de 2002. Las empresas estiman esa supuesta deuda en unos 3.500 millones de dólares. La oposición, sosteniendo que no existe tal pasivo porque las compañías renunciaron a sus reclamos en revisiones tarifarias anteriores, enterró la iniciativa.
De haberse aprobado, el mecanismo hubiera permitido saldar ese ítem con las deudas que las propias distribuidoras mantienen con Cammesa por energía no abonada. Especialistas del sector señalaron a Sector Energético que, de este modo, los conglomerados controlantes (Manzano-Vila-Filiberti y la italiana Enel) hubiesen obtenido un saldo neto a favor muy significativo.
Gas: se mantiene el beneficio ampliado para “zonas frías”
A pesar de la insistencia oficial, la oposición también frenó los cambios al régimen de subsidios al Gas Natural en zonas frías. La idea del Gobierno era retrotraerlo al esquema vigente entre 2002 y 2021, que beneficiaba solo a usuarios de la Puna, la Patagonia y Malargüe (Mendoza) con un descuento del 50% sobre el precio en boca de pozo. En 2021, el gobierno anterior amplió esos beneficios a buena parte del país mediante subsidios cruzados.
El Fondo Fiduciario para estas zonas, que el año pasado requirió aportes del Tesoro, fue el único que Milei se comprometió a mantener con el FMI, aunque intentando focalizarlo. De haber prosperado la modificación, solo en la provincia de Buenos Aires 1,3 millones de hogares, equivalente a unas 3,4 millones de personas, hubieran enfrentado incrementos tarifarios de entre el 30% y el 50% en sus facturas.
Voces críticas: el riesgo del “doble alivio” y la judicialización
Expertos del sector advirtieron que la iniciativa para las distribuidoras era profundamente problemática. Walter Martello, ex titular del ENRE, consideró que el artículo buscaba reconocer como deuda diferencias por aumentos congelados desde la Revisión Quinquenal de 2017, “ignorando que en sucesivas actas de compensación las empresas ya habían renunciado a esos reclamos”. Pronosticó una “segura judicialización”. Por su parte, Cecilia Garibotti, exsubsecretaria de Planeamiento Energético, alertó sobre un “doble alivio” para las empresas, ya que el Estado ya había condonado deudas previas y subsidiado el mercado. “Si esto no se audita y se netea contra todo lo ya transferido, será un doble beneficio”, sostuvo.
