Las compañías petroleras pidieron hoy al gobierno nacional que no ceda ante el reclamo de gobernadores de provincias productoras de biocombustibles para modificar el proyecto de la denominada “Ley Ómnibus”. El gobierno, a demanda de los gobernadores y diputados de algunas provincias, anunció que cambiaría el proyecto.
El proyecto de la denominada “ley ómnibus” prevé desregular el mercado y abrir la competencia de los biocombustibles. Por eso, las empresas del sector energético reclamaron que se mantenga el texto original de la norma.
Ley ómnibus
El proyecto que el gobierno nacional envió al Congreso propone eliminar los cupos que prevé la legislación actual para el desarrollo de PyMEs productoras de biocombustibles.
El gobierno recoge los planteos de las empresas petroleras en asociación con las grandes productoras de biocombustibles quienes piden eliminar la limitación actual para que las empresas de gran escala puedan producir biocombustibles.
En concreto eliminar la cuotificación que mensualmente asigna la Secretaría de Energía y suprimir la fijación de un precio para los productos.
“La proliferación de restricciones limita severamente la competencia en los mercados y contribuye a distorsionar artificialmente los precios relativos entre el conjunto de bienes y servicios comercializados”, argumenta el Poder Ejecutivo en los fundamentos del denominado proyecto de “ley ómnibus” que trata el Congreso.
Promesas de cambios
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el miércoles pasado anticipó que en base a los reclamos el oficialismo reemplazará el esquema de asignaciones directas por licitaciones. Ampliará los cortes de biocombustibles: el gasoil pasaría de 7,5% a 10% y de 12% a 15%. Y se sostendría la lista limitada de empresas que pueden licitar.
El esquema de cambios al proyecto promovidos por el gobierno se hace eco de reclamos esgrimidos por los gobernadores de Córdoba y Santa Fe.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó con miembros de la comisión directiva e integrantes de la Cámara de Empresas PyMES Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) el impacto que tendría en el sector la aprobación de la Ley ómnibus que impulsa el Gobierno Nacional.
El mandatario bonaerense consideró que de aprobarse el proyecto original “las consecuencias serían absolutamente negativas sobre toda la industria bonaerense de biodiesel que está integrada por pymes que generan cerca de 800 puestos de empleo directo en el interior de la provincia”.
Cartas de petroleras
El Poder Ejecutivo recibió hoy notas con el reclamo de diversas compañías del sector. Recibió copias el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Energía.
Suscribieron las misivas la Cámara de la Industria del Petróleo (CIP) que nuclea a Pan American Energy, Dapsa y Refinor. Y la Cámara Argentina de la Energía (CADE) integrada por CGC, Exxon, Shell Total y también por PAE, entre otras.
La CADE plantea que el sistema actual “distorsiona la oferta y transforma a los biocombustibles en un factor incremental de precios de los combustibles líquidos en los puntos de despacho, en claro detrimento del público consumidor, además de desincentivar la competitividad y el desarrollo del sector”. Por lo que “debe sostenerse en este punto el camino trazado en el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Nacional”, concluye el texto suscrito por la apoderada de la entidad, Sol Argañarás Giovo.
La CIP expresa su “entusiasmo y apoyo al texto que modifica la actual Ley de Biocombustibles 27.640, la que consideramos contraria a los principios rectores del libre mercado toda vez que fije precios, restringe el ingreso de nuevos competidores mediante la asignación de cupos a un grupo determinado y estable de empresas, y penaliza la inversión necesaria para el desarrollo de nuevos biocombustibles”, en una nota firmada por su presidente, Adrián Perés.
